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El rincón político

Quién engaña al presidente

Ya son incontables las veces que Álvaro Uribe ha tenido que convocar ruedas de prensa, llamar a los noticieros, o bien utilizar la amplia divulgación de los consejos comunales, para salir en defensa de subalternos, parientes y amigos que terminan enredados por la justicia; otras veces para afirmar que se siente engañado; algunas para regañar a sus ministros o a los miembros de sus bancadas en el Congreso, o ya para pedir disculpas, dar explicaciones e inclusive para expresar con semblante contrito que “eso no volverá a ocurrir”.

A medida que se extingue el segundo mandato de Uribe, y ante la incertidumbre de quién lo reemplazará, crecen las denuncias sobre procedimientos criminales y corruptos a nivel de distintas esferas oficiales, que ponen en entredicho a un gobierno que, gracias a su posición frente a las criminales guerrillas de las Farc, logró el mayor respaldo nacional que se recuerde.

Todavía no se conoce el desenlace de las ignominiosas interceptaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a los teléfonos de los magistrados de las altas cortes, de periodistas, de sindicalistas y de políticos de la oposición; ni el país termina por asimilar las bochornosas maniobras de ministros y parlamentarios en las faenas de aprobación del referendo reeleccionista y de la denominada “yidispolítica”. Tampoco se vislumbra en qué irán a parar las investigaciones sobre los asesinatos de cientos de personas que las fuerzas militares hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate. Asimismo, se ignora todo lo que hay detrás de lo que se llamó el “complot contra la Corte Suprema” que se gestara en la “Casa de Nari”, ni mucho menos se percibe claridad alguna sobre las andanzas y negociados de los hijos del Ejecutivo. Los falsos atentados contra el presidente que fabricaran desde el DAS, pasaron al olvido, y nadie recuerda las temerarias acusaciones que hiciera Uribe Vélez contra el magistrado Iván Velásquez, basándose en informaciones amañadas de un señor apodado “Tasmania”. Igualmente se desvanecieron, en el tráfago de las comunicaciones, las dos cartas de felicitación y apoyo a David Murcia Guzmán, el de las estigmatizadas pirámides, que con la firma del presidente salieron del Palacio de Nariño.

Pero no sólo ha ocurrido con hechos que tienen que ver con corrupción o con la justicia, sino también con aquellos grandes logros en la lucha contra las guerrillas. De una u otra manera, gracias a las inexactitudes y a las mentiras de sus subalternos, quedaron empañados los mayores éxitos de la política de seguridad democrática: la operación “Jaque” y las muertes de Raúl Reyes y de Iván Ríos, que obligaron al presidente colombiano a realizar una ardua labor para apaciguar las airadas protestas de los gobiernos vecinos e inclusode la Cruz Roja Internacional.

La lista de quienes le han mentido y engañado es cada vez más voluminosa. Lo engañó su ministro del Interior, Fernando Londoño, quien está acusado de la adquisición fraudulenta de 145 millones de acciones de Inversiones de Gases de Colombia (Invercolsa); obscuro negocio que determinó que la Procuraduría lo inhabilitara por 21 años para ejercer cualquier cargo público, pero que le proporcionó miles de millones de pesos de ganancias. Otro tanto hizo su pariente, Mario Uribe, con quien fundara el partido Colombia Democrática, y cuyos tres senadores, Álvaro García Romero, Miguel de la Espriella y el propio Mario Uribe, terminaron en presidio. El primero, acusado además de ser determinador de la masacre de Macayepo, en octubre de 2000, donde fueron asesinados nueve campesinos. A los anteriores, deben agregarse unas cuantas decenas de parlamentarios uribistas que están en la cárcel o próximos a ingresar a ellas, por sus relaciones con los paramilitares.

Igualmente, debió engañarlo Pedro Juan Moreno, nombrado como su asesor en 2002, y quien lo abandonara después para dedicarse, por medio de una publicación que denominó La Verdad, a criticar al gobierno. El año pasado, Salvatore Mancuso declaró que Moreno, secretario de gobierno de Uribe Vélez cuando éste regía los destinos del departamento de Antioquia, sabía de la masacre de El Aro, corregimiento de Ituango, ocurrida a finales de octubre de 1997 y donde murieron 15 personas. El ex paramilitar aseguró que el secretario se reunió once veces con ellos, aunque advirtió que el gobernador Uribe ignoraba este hecho; que recibieron asistencia logística del general Manosalva y del comandante de la IV Brigada, general Ospina, e incluso, que durante los combates, recibieron apoyo de dos helicópteros, uno del ejército y el otro de la gobernación.

Tampoco fue afortunado el presidente al elegir como director del DAS a Jorge Noguera, y a su segundo Miguel de Narváez. A este último lo señala la fiscalía como el funcionario que conformó el G3, el grupo que hacía las “chuzadas” a todos aquellos que consideraban peligrosos al gobierno, sin que se salvaran personalidades como el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; altos jerarcas eclesiásticos, ni el mismo vicepresidente de la república, Francisco Santos. Noguera, por su parte, acusado de haber puesto esa institución presidencial al servicio de los paramilitares, se vio obligado a renunciar en 2005. Pese a ello, Uribe insistió en apoyarlo y terminó nombrándolo como cónsul en Milán. Hoy, ese “buen muchacho” responde ante la Corte Suprema de Justicia por varios delitos, incluyendo el de haber determinado el asesinato de varios sindicalistas. Las audiencias en la Corte, donde cada implicado busca salvarse hundiendo a los demás, destapan los tenebrosos manejos que desde hace tiempos se traman desde las oficinas del DAS, como también la estrecha relación de funcionarios de la casa presidencial en ellos.

A Mario Iguarán lo nombró inicialmente viceministro y de ahí lo incluyó en la terna para fiscal, cargo para el cual fue elegido. Pese a ser uno de sus hombres, no se escapó de recibir fuertes reprimendas. El primer mandatario lo acusó de no actuar con eficacia y prontitud en el caso de las pirámides, y también tuvo que reconocer, públicamente, que se equivocó en la apreciación inicial sobre los falsos positivos de Soacha, inducido por informaciones poco claras del fiscal. Pero el mayor desacierto de Iguarán corresponde al tenebroso episodio que rodeó el asesinato de Iván Ríos y de su compañera, mientras dormían, por Rojas, su propio jefe de seguridad, y la posterior presentación de la mano cercenada del jefe guerrillero, para obtener la recompensa de cinco mil millones de pesos. El presidente, en declaraciones dadas desde La Guajira, mostró sus reservas sobre si se debía retribuir al criminal, pues, “Colombia es un Estado de derecho que no estimulará masacres” y que por ello debía esperar el reporte de las autoridades judiciales para decidir si se pagaba la recompensa. El fiscal de la nación, con una pronta e inexplicable declaración pública, despejó cualquier duda que pudiera existir, al afirmar que la fiscalía no iniciaría investigación alguna contra Rojas por este macabro hecho, pues, “un miedo insuperable o un error invencible o un estado de necesidad excluyente son causales que podría exonerarlo de responsabilidad”, y, por lo tanto, podría ser beneficiario de la recompensa. Así, y pese al eufemismo utilizado para efectuar el pago, se indujo a llevar a cabo uno de los más reprochables actos de los ocho años del mandato uribista: pagar a un asesino, terrorista, extorsionador y secuestrador, por haber liquidado a otros criminales de su misma calaña.

Los nombramientos de los ex gobernadores, José Chaux, como embajador en República Dominicana, y Salvador Arana, en Chile, revisten importancia especial. El primero, partícipe con el paramilitar “Job” en la extraña y confusa reunión de la “Casa de Nari”, sólo duró tres días en su cargo. El caso del segundo es más complejo. En marzo de 2003, Eudaldo Díaz, que era alcalde de El Roble, alertó públicamente, en un consejo comunal que presidía Álvaro Uribe, en Corozal, que el señor Arana, en unión con dirigentes parapolíticos, lo querían matar. Dicho vaticinio se hizo realidad un mes después. Más tarde, el presidente designó al incriminado como embajador en Chile. En diciembre último, la Corte Suprema de Justicia sentenció a Salvador Arana a cuarenta años por el asesinato de Díaz, a la vez que ordenó nuevas investigaciones contra el ex embajador acerca de su papel en una serie de crímenes y desplazamientos.

También debió sentirse frustrado el presidente cuando supo que los asesores norteamericanos, a quienes les pagaban miles de dólares para promover el TLC ante el Congreso de ese país, fungían igualmente como asesores de la campaña de la candidata demócrata, Hillary Clinton, la misma que abanderaba una oposición abierta a dicho tratado. En reciente consejo comunal se mostró molesto y furioso contra su viceministro de salud, a quien culpó de redactar mal los decretos de la emergencia social, y asombrado quedó cuando los académicos de la medicina le comunicaron que ese ministerio le había pagado 725 millones de pesos a un grupito de médicos por ayudar a redactarlos.

Como la relación de todos los subalternos del gobierno que han tenido que renunciar por escándalos se haría demasiado larga y tediosa, recordemos sólo de pasada la salida del consejero presidencial José Roberto Arango, en 2004; la del viceministro de Defensa Andrés Soto, en 2005; la de Fernando Segura de la Superintendencia de Vigilancia; la de Luis Ortiz del Incoder y la del presidente de Finagro, Roger Taboada; las ocurridas en la Superintendencia de Notarías, relacionadas con el cohecho de la primera reelección, etc. etc. etc.

Pero no pasaremos por alto a Daniel García Arizabaleta, ex director de Invías, pues este personaje, que desempeñó varios cargos públicos, tipifica a esos sujetos que, utilizando toda clase de trampas, pelechan alrededor del poder. Nombrado por Uribe asesor presidencial el 15 de agosto de 2002, según la Procuraduría General, acreditó experiencia laboral y documentos falsos. Sin embargo, más tarde es ascendido a director de Coldeportes, y, como no cumplía con los requisitos exigidos, modificó él mismo el manual de éstos, artimaña que repite tres años después para posesionarse como director de Invías.

Uno tras otro, cada escándalo cumple la función de ocultar al anterior. El que estalló a fines de septiembre pasado, y que se relaciona con uno de sus más amados discípulos, el llamado por ello “Uribito”, y la forma irregular como se repartieron, a través del programa Agro Ingreso Seguro, miles de millones de pesos a personas cercanas al gobierno, mandó al olvido los que le precedieron. Sin saberse aún el desenlace de éste, ya surgen: el intrincado caso del comandante de la armada y el montaje que, según parece, le fabricaron al almirante Arango Bacci; la indescifrable contienda entre la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República; las recurrentes denuncias contra el vicepresidente por parte de los jefes paramilitares y, últimamente, el señalamiento, que hicieron varios coroneles ante los tribunales que los juzgan, de que el general Mario Montoya, comandante del ejército hasta noviembre de 2008 y nombrado embajador ante la República Dominicana en febrero de 2009, participó en la planeación del operativo, realizado en 2005, que terminó en la masacre de la comunidad de paz de Apartadó.

Pero también engañan al presidente los medios de comunicación que distorsionan la realidad. Titulares de prensa, como estos tomados al azar del periódico El Colombiano: “AIS zancadilla fallida”, “La malicia indígena de Uribe…”, “Jonrón de Uribe con bases llenas en Unasur”, para reseñar supuestos triunfos del presidente, pero que no se ciñen a la verdad de los acontecimientos, no sólo engatusan a los lectores sino que crean falsas perspectivas en el mandatario mismo. Tantas patrañas, tantas mentiras, tantas falsedades que le han creado tantos malos ratos al presidente, conforman una serie de episodios que bien vale la pena registrar minuciosamente. Más, cuando están en juego temas esenciales en la existencia y desarrollo de los pueblos y que tan acertadamente tratara Francisco Mosquera a lo largo de su trabajo revolucionario. Hablamos del terrorismo y la utilización de métodos criminales para alcanzar los objetivos propuestos o bien para dirimir cualquier conflicto; del respeto a la autodeterminación de las naciones y de su soberanía; de la defensa de la producción nacional, y del derecho a contar con reglas de juego claras y precisas en toda clase de contiendas políticas o sociales. Esto, por una parte y, por otra, porque todo parece indicar que, detrás de todos estas estratagemas, existe una poderosa maquinaria cuyo propósito es perpetuar en el poder a un grupo, inequívocamente de extrema derecha, valiéndose de la enorme acogida que el primer mandatario posee entre el pueblo colombiano.

El referendo reeleccionista, tanto por su actualidad como por el significado que representa en el desenvolvimiento de la política colombiana, dada la proximidad de las elecciones para Congreso y Presidencia de la República, merece capítulo aparte.

Un grupo de ciudadanos, encabezado por el señor Luis Guillermo Giraldo, personaje de ingrata recordación por el sonado caso de lo que se conoció como el robo del departamento de Caldas, utilizando toda clase de artimañas y respaldado por miles de millones de pesos, aportados por contratistas del Estado y hasta por la pirámide DMG del señor Murcia, logró suscitarle al inquilino de la Casa de Nariño la “gran encrucijada del alma”. Pese a las reiteradas manifestaciones opuestas de presidentes de países amigos, de parlamentarios europeos y estadounidenses, de periódicos y revistas internacionales, y hasta de muchos de sus más cercanos seguidores y allegados, el primer mandatario terminó cohonestando las argucias y trampas de los reeleccionistas.

El concepto del procurador general sobre el referendo, constituye todo un tratado sobre hacia dónde se dirige la nación, gracias a la permanencia del presidente en el poder. En el documento, el funcionario reconoce todas las irregularidades, vicios e inclusive delitos cometidos en el proceso de la convocatoria y durante el trámite en el Congreso. Sin embargo, para él, todo eso carece de importancia, pues, “una segunda reelección no va contra la esencia de la Carta del 91” y “cuando el pueblo actúa (…) lo hace en su condición de soberano”. Argumento este último utilizado por Gaviria para armar la constituyente del 91, y el mismo que esgrimiera Bolívar, en 1828, para convocar el plebiscito que le permitió asumir la dictadura y desconocer la Constitución de 1821. Acto seguido, el señor Alejandro Ordóñez trata de enmendar semejante adefesio, obligando al mandatario a ceñirse a las normas electorales, y, lanzando de hecho, la candidatura de Uribe, cuando éste ni siquiera podía ser, constitucionalmente, candidato a la presidencia. Instituye, así, la violación de las normas, el desprecio a las reglas, la imposición de los criterios de un grupo poderoso por encima de cualquier consideración civilizada y democrática. Se olvida que esos procedimientos no pueden generar más que violencia, tanto para imponerlos como para rechazarlos, y más en Colombia, donde continúa arraigado el falso y dañino convencimiento de que el terrorismo es el arma más adecuada no sólo para combatir sino también para prevenir el terrorismo.

No se puede desconocer que, con la primera reelección, el equilibrio de las tres ramas del poder en que se fundamenta la Constitución, desapareció. Al cambiar ésta, sólo en lo que hace referencia a la elección del presidente, sin modificar nada más, abrió por completo la puerta para que el primer mandatario nombre a la totalidad de los miembros de la junta directiva del Banco de la República, a los componentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Constitucional, a los del Consejo de Estado, al Procurador y al Fiscal generales de la Nación, además de los integrantes del cuestionado Consejo Nacional de la Televisión. Si a lo anterior le agregamos los billonarios recursos de Familias en Acción que maneja a su antojo la Presidencia, se consolidaría un poder absoluto que contaría, tanto con un inmenso poder económico como burocrático, donde la vida y la suerte de la nación dependerán de los humores del mandatario y de las intrigas y de los intereses del grupo que actúa tras el trono.

Si a la inevitable aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con la apertura incondicional a la inversión extranjera que el régimen uribista ha llevado a cabo con el argumento falaz de que con ello se logrará mayor empleo y desarrollo, le agregamos la concesión de las bases militares y la libre utilización de todos los aeropuertos de Colombia a las naves del ejército norteamericano, tenemos que se ha consolidado la más abyecta sumisión a la potencia del Norte. De todas maneras, cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones, Colombia continuará más alejada de ese país soberano, en marcha al socialismo, que deseó y por el cual luchó tanto Francisco Mosquera. El peor mal que le hizo la política de “combinación de todas las formas de lucha”, tras la cual se embozó el asesinato, el secuestro y la extorsión utilizados por las FARC, no fue tanto el desprestigiar el quehacer revolucionario, sino el haber logrado que un pueblo llegara a considerar a los paramilitares, bandas cuyas atrocidades alcanzan el mismo nivel de terrorismo, como a los únicos salvadores de la nación.

En situación tan precaria para el proceso de liberación de nuestra patria, debemos acudir con mayor insistencia al pensamiento de Francisco Mosquera. Sólo allí encontraremos la guía para servir al pueblo y avanzar en esta difícil época. Sólo allí aprenderemos a prescindir de los métodos criminales, y reviviremos principios innegables como el de soberanía económica, respeto al territorio, y acatamiento a las normas en las contiendas políticas.

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